Gran esfuerzo en Costa Rica busca rescatar la principal fuente de ingresos: el famoso sistema de los parques nacionales

El turismo en Costa Rica es abundante todo el tiempo y los estudios muestran que muchos visitantes desean ver sus renombrados parques nacionales, hogar de un gran abanico de plantas multicolores y rara vida silvestre. Mientras que este pequeño país centroamericano ha destinado cerca del 20% de su territorio a alguna categoría de protección oficial, los conservacionistas están preocupados de que estas áreas no resguarden la biodiversidad a menos que estén acompañadas por un compromiso financiero a largo plazo. Y si se preguntan si Costa Rica no puede lograrlo, entonces ¿Qué país tropical podría hacerlo?

Los esfuerzos para asegurar y consolidar las áreas protegidas de Costa Rica están en jaque debido a los limitados recursos humanos, las regulaciones inefectivas, la falta de protección de los ecosistemas vitales, los presupuestos insuficientes y el poco éxito en involucrar efectivamente a la gente local en la administración de la conservación. Debido a esto, diferentes organizaciones de conservación estatales y no gubernamentales del país, con el apoyo de organizaciones internacionales y organismos de cooperación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), se han dado a la tarea de consolidar y de proveer el sistema de áreas protegidas de Costa Rica para impactar positivamente a la economía del país con actividades como la investigación, el ecoturismo y la participación de las comunidades locales en sus beneficios para lograr la viabilidad ecológica futura de la biodiversidad del país.

“El sistema de áreas protegidas de Costa Rica necesita cambios radicales y este proyecto busca realizar los cambios administrativos, económicos y biológicos necesarios para consolidar el sistema”, afirma Mario Boza, uno de los fundadores del sistema de parques nacionales y quien fungió como asesor técnico de la fase inicial proyectote este movimiento. Para este propósito, según Boza, sería necesaria la elaboración de un proyecto para una nueva ley de parques nacionales.

Uno de los grandes retos, señala Boza, es el autofinanciamiento de las áreas protegidas, que ya podría lograrse en sus gastos básicos de administración y protección, pero no sucede porque el dinero que generan va, una parte, a la caja única del Estado y la otra, al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) para cubrir gastos no relacionados con las áreas. “Necesitamos definir un mecanismo por el cual los parques tengan gran autonomía y un estímulo para recaudar todos los fondos que potencialmente pueden generar, que incluso puedan pedir préstamos bancarios como la empresa privada, convirtiéndose en algo así como en una empresa pública”, señala.

Actualmente las áreas tienen grandes problemas de financiamiento que les impiden, según Boza, contar con dinero hasta para las actividades más esenciales y de bajo costo, como es el caso de las rondas forestales para evitar que se pasen los incendios o para suministrarles papel higiénico a los visitantes.

Otro problema que preocupa a las organizaciones involucradas es la cacería furtiva que amenaza a las áreas en convertirse en “bosques vacíos”; es decir, con vegetación pero sin animales y que constituye un problema que en la actualidad no se puede atender debido a la falta de guardaparques. “Necesitamos tener suficientes guardaparques capacitados y entrenados para defender los parques como tiene que ser y lograr que la fauna se recupere”, afirma Boza, quien sostiene que parques como Tortuguero, en el noreste del país y Carara, cerca la costa Pacífica, ya muestran signos de convertirse en bosques vacíos.

Muy ligado a esto está la participación de las comunidades locales en los beneficios que generan las áreas silvestres protegidas. “Las comunidades reciben pocos beneficios de los parques y hay que abrir las oportunidades para que estas ofrezcan bienes y servicios a los visitantes”, afirma Boza. Un ejemplo es el Parque Marino Las Baulas, en la costa pacífica, donde un grupo de mujeres locales venden comida y artesanía a los visitantes y son las mejores aliadas del parque.

Boza estuvo a cargo de la fase inicial de esta iniciativa, que recibió financiamiento del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés). Algunas de las actividades del MINAE apoyadas por el CEPF fueron: la elaboración de un decreto para promover el ofrecimiento de servicios no esenciales en las áreas protegidas, la publicación de un libro sobre corredores biológicos, la elaboración de la Estrategia Nacional Ambiental, un plan para cubrir las necesidades del capacitación de los guardaparques y un documento de propuesta de nueva carrera profesional para ellos, así como un decreto ejecutivo para el cobro y pago del servicio ambiental agua producido por las áreas protegidas públicas y por los bosques privados localizados en cuencas hidrográficas, que estima puede producir hasta EE.UU. $30 millones al año.

Actualmente se desarrolla el proyecto “Venciendo las barreras que limitan la sostenibilidad del sistema de áreas protegidas de Costa Rica“, que incluye la realización de tres evaluaciones y recomendaciones muy detalladas sobre los temas biológico, legal y de políticas y sobre la estructura administrativa para lograr los cambios requeridos. Participan como consultores organizaciones de renombre como el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), el Centro de Derecho Ambiental y de Los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Centro Internacional en Política Económica (CINPE), de la Universidad Nacional.

La última fase de este gran esfuerzo para la consolidación de las áreas protegidas de Costa Rica, tardaría de 3 a 4 años y sería financiada con una donación de aproximadamente EE.UU. $10.000.000 millones del PNUD-FMAM, sujeta a una contrapartida del Gobierno de Costa Rica, que consiste en un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por EE.UU. $20.000.000. Si el préstamo se aprueba en la Asamblea Legislativa, el dinero será dedicado en mejorar la infrastructura en los parques nacionales.

La organización CEDARENA está identificando las principales barreras de orden jurídico-institucional para la sostenibilidad de las áreas. Un punto importante en el que trabajan son las actividades que se podrían permitir dentro de los parques nacionales y reservas biológicas y la participación de las comunidades locales en los beneficios de la conservación y del turismo.

“Este proyecto constituye una gran oportunidad para el país, de replantearnos qué queremos hacer con las áreas, cuál es el modelo que deseamos y cómo lo vamos a sostener”, afirma Silvia Chaves de CEDARENA. Una de las principales conclusiones de CEDARENA y otras instituciones involucradas es que este esfuerzo debe trascender las áreas protegidas e ir más allá, hacia una planificación ecorregional”.

CEDARENA está identificando las principales barreras de orden jurídico e institucional para la sostenibilidad de las áreas, así como la propuesta de cómo resolverlas. De acuerdo con Chaves, el país ha hecho un esfuerzo enorme, pero para ganarle la carrera al tiempo hay que trabajar fuerte fuera de las áreas, en el tema de corredores biológico e iniciativas privadas de conservación, con el fin de asegurar la protección efectiva de la biodiversidad y su impacto socioeconómico para el país. Esto supone, también, involucrar a las áreas marino-costeras. CEDARENA también está estudiando cuáles actividades se podrían permitir dentro de los parques nacionales y reservas biológicas, desde el punto de vista de la participación de las comunidades locales en los beneficios de la conservación y el turismo.

Para Mario Boza, el proyecto tiene el potencial de convertir al sistema de parques nacionales y reservas de Costa Rica, en un modelo latinoamericano e incluso mundial para países en desarrollo. El tiempo y la voluntad de todos los actores involucrados definirán si esto será posible y si las áreas pueden convertirse realmente en un motor del desarrollo económico y social del país.

— Katiana Murillo

Contactos en Costa Rica: Mario Boza, tel +506/253-7680, fax +506/253-7683, ecoamericas@amnet.co.cr; Silvia Chaves, CEDARENA, tel +506/283-7080, cedarena@racsa.co.cr, www.cedarena.org.

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